UN AÑO DE BÚSQUEDA Y SU CUERPO SIEMPRE ESTUVO EN EL SEMEFO

 Cuando Miguel Valerio Esquivel se mudó de Torreón a Aguascalientes tenía 17 años, quería ser empresario y le gustaba componer líricas de rap. En 2020 desapareció y con la distancia a cuestas, su familia lo buscó durante un año, un año de dolor que se convirtió en una pena permanente. La Fiscalía de Aguascalientes cometió diversas omisiones en la investigación del caso. Miguel estuvo en el mismo lugar donde su madre lo buscó. 

Una tarde de mediados de febrero del 2020, Rosy Esquivel mantuvo la última conversación telefónica con su hijo Miguel Valerio Esquivel. Ella no recuerda la fecha exacta, aquellos días se convirtieron en un recuerdo nublado. Desde el día en que no volvió a saber de él, ella vivió preocupada. Las cosas no andaban bien. A él le hacía falta dinero y tenía problemas con su compañero de casa. 

“Yo hace siete años tengo el mismo número de teléfono, no lo cambiaba por lo mismo, mi hijo estaba fuera y si lo cambiaba él no se iba a dar cuenta, había ocasiones en que él no tenía celular o no encontraba la forma, pero pedía celular prestado y me llamaba. No pasábamos grandes lapsos de tiempo sin hablar, uno o dos meses sí, pero tres meses era demasiado”, cuenta Rosy, que tenía planes para mudarse a Aguascalientes a vivir con su hijo, un deseo compartido, pues ambos ya estaban buscando casa. 

Tras dos meses de no tener noticias de él, su madre viajó a Aguascalientes y, en compañía del padre de Miguel, presentó la denuncia por desaparición el 29 de mayo del 2020 ante la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas del estado, dirigida por Jesús Isabel Hernández Vargas. El Ministerio Público le prometió que iniciarían con la búsqueda. Una semana después, el 6 de junio, la contactaron para tomarle una muestra bucal de ADN para “tenerla en la base de datos de Semefo por si llegaba a aparecer un cuerpo con las características de mi hijo”.

En esa visita a Aguascalientes, Rosy fue a la casa de su hijo, a su trabajo, a los lugares que comúnmente él visitaba: una chatarrera en donde vendía plástico reciclado y la bodega en donde a veces dormía, cerca de la Plaza de Toros, en el primer cuadro de la ciudad capital. No encontró ningún rastro. 

“Yo buscaba a mi hijo por las calles, debajo de puentes, por los lugares que menos imaginé, casas abandonadas. Lo hice por dos semanas y antes de regresar a Torreón regresé al Ministerio Público, detuvieron a su amigo con el que había tenido problemas para que declarara y él daba direcciones donde decía que Miguel estaba, pero ahí nunca lo encontraron”.

Durante el transcurso de la investigación iniciada por la Fiscalía de Aguascalientes, el agente del Ministerio Público encargado del caso le decía a esa madre adolorida, una y otra vez, que no tenían noticias de Miguel ni de lo que podía haberle pasado, que probablemente ya no estaba en el estado, pero para ella eso era imposible pues él tenía un hijo de seis años a quien visitaba de manera frecuente.

Ante el desespero de no tener noticias por la Fiscalía de Aguascalientes que dirige Jesús Figueroa Ortega, ella contactó a diversos colectivos de búsqueda en el país para publicar la información de Miguel, sus características físicas y la fecha de su desaparición. En el camino por la búsqueda de su hijo tuvo el apoyo de amigos cercanos y familiares. De un día para otro, sus redes sociales se llenaron de fotos de Miguel con frases llenas de dolor y de las caras de otras hijas e hijos desaparecidos, buscados por sus madres. 

En noviembre del 2020 contactó al Observatorio de Violencia Social y de Género (OVGSA), la única organización civil que se enfrenta a la Fiscalía estatal para exigir se investiguen los más de 300 casos de personas desaparecidas en Aguascalientes. Ahí también le hicieron una ficha de búsqueda y la publicaron en redes sociales. 

Pasó noviembre y llegó diciembre, Miguel no estaba para las fiestas. Solía pasar algunas navidades y fechas importantes como los cumpleaños de su madre y hermana en Torreón. Pero la navidad del 2020 la familia Valerio Esquivel no tuvo nada qué celebrar. Los pequeños de la familia abrieron sus regalos por la noche y eso fue todo. La angustia por no saber de nada de él los rebasaba. 

“Para año nuevo preparamos una cena, pero sólo nos quedamos hasta las doce, ninguno de nosotros, y menos yo, teníamos ganas de nada. Así fue todo el año 2020 para mí, todos los días me parecían igual de tristes”, cuenta Rosy. 

En febrero del 2021 y aún sin noticias de la investigación que mantenía la Fiscalía, la madre buscadora viajó de nuevo a Aguascalientes para preguntar sobre los avances. No le alcanzó para pagar un pasaje completo, encontró una empresa de viajes con un costo menor a cambio de trasladarse en un asiento incómodo, pequeño, duro y sin seguro de accidentes.

“Cuando llegué y fui al Ministerio Público para saber cómo iba la investigación, me dijeron que iban a volver a retomar el caso, o sea que ya no lo estaban buscando. Si no iba seguían cruzados de brazos. Iniciaron todo de nuevo, fuimos otra vez a los mismos lugares, a las mismas casas a buscarlo”, dice.

Durante dos semanas la madre de Miguel volvió a buscarlo por las calles, en la chatarrera, en la bodega por la Plaza de Toros, debajo de los puentes y en casas abandonadas. Sola y a seis horas y media de su casa. Volvió a contactar al OVSGA, donde la enlazaron con la Comisión Estatal de Búsqueda (CLB). De forma paralela, esa organización civil y la institución gubernamental trabajaron para presionar a la Fiscalía. Y funcionó. 

Tres días después, a inicios de marzo, ella recibió una llamada del Ministerio Público. Se puso nerviosa, quiso buenas noticias pero algo le decía que no. Sin decirle el motivo la citaron. Sentía remolinos en el corazón, le movían todo, la estrujaban. La recibieron en las oficinas y le pidieron reconocer a una persona sin vida con las características de Miguel. 

Le mostraron fotografías de un cuerpo en el Servicio Médico Forense. Los ojos almendrados del hijo que tuvo hace 24 años, su nariz prominente y sus labios delgados fueron reconocidos de inmediato por su madre. Era la fotografía de Miguel, ya sin vida, “su rostro estaba intacto, se podía reconocer sin esfuerzo”, narra quien lo cargó desde pequeño y también tuvo que enterrarlo.

“Les pregunto yo cuánto tiempo tenía mi hijo en el Semefo, cuándo llegó su cuerpo y cómo había fallecido. Me respondieron que no me podían dar esa información porque como él no tenía identificación oficial, faltaba cotejar las huellas en el Instituto Nacional Electoral (INE). Nunca cotejaron con mi prueba de ADN”.

La entrega del cuerpo se demoró por días, días en los que no se le proporcionó información sobre cuánto tiempo llevaba Miguel en el Semefo y las causas de su muerte. El Ministerio Público dejó de recibirla y no le permitieron ingresar a las instalaciones de la Fiscalía. Había encontrado a su hijo por fotografías y  sufría el luto de su muerte sin poder acercarse a él.

Además de no poder ver el cuerpo, el área de prensa de la Fiscalía dirigido por Óscar Arredondo, presionó a Rosy y a al padre de sus hijos para dar una declaración que sería utilizada en un boletín para medios de comunicación. La familia Valerio Esquivel se negó. Hasta ese momento habían sido maltratados por las autoridades ministeriales y aún no recibían ninguna información. No tenían nada qué decir. 

A casi tres semanas de permanecer en Aguascalientes y con el dinero que le depositaba el papá de Miguel (dos mil pesos a la semana) a cuentagotas por los pagos de hospedaje, comidas y transporte; Rosy volvió a buscar al Observatorio, donde le proporcionaron acompañamiento jurídico. Por su parte, la Comisión Estatal de Búsqueda volvió a presionar. La renuencia a entregar información levantaba sospechas. Ella pasaba los días apostada en las puertas de la Fiscalía exigiendo explicaciones. Enojada. Llorando. Con el corazón arruinado, pero con la fuerza suficiente para tirar de esas puertas si fuera necesario.

“Yo presentí la muerte de mi hijo desde la última llamada que me hizo, de hecho hasta lo soñaba y en mis sueños él huía de alguien pero lo alcanzaban, lo agarraban por el cuello y lo apuñalaban”, dice, llorando, su madre. 

Gloria Soto, la abogada del OVSGA acompañante de la familia de Miguel, añade que en todos los pasos de la investigación la Fiscalía fue omisa. Cuando habla sus palabras se llenan de enojo, no puede creer que las autoridades ministeriales alcancen a tener ese grado de indolencia. La abogada, de estatura baja pero con un carácter que aplastaría a cualquiera, le gritó a más de un funcionario de la Fiscalía exigiendo le entregaran el cuerpo de Miguel a su madre, que le dijeran qué le sucedió a su hijo.

“El cuerpo tenía desde febrero del 2020 en Semefo. Allí estaba el cuerpo y no lo revisaron. La Fiscalía especializada en Desaparición de Personas nunca cotejó con Servicios Periciales, pasó casi un año para que lo hicieran. Todas esas negligencias denotan la falta de coordinación, no hay en ningún área de la Fiscalía, están en un mismo edificio, ¡están a dos pisos! y trabajan aislados, no pueden ni levantar el teléfono y llamarse entre sí. El mensaje es que no les importa nadie, ni vivo ni muerto”, dice. 

Entre la abogada y la Comisión Estatal de Búsqueda exigieron a la Fiscalía entregar de inmediato el cuerpo de Miguel a su familia, eso ocurrió a inicios de marzo sin que se le avisara personalmente a Rosy, pues el Ministerio Público sólo notificó al Observatorio. 

Miguel falleció el 16 de febrero del 2020, ocurrió por los mismos días en los que Rosy recibió esa última llamada que la dejó preocupada. Es cierto cuando las madres dicen que tienen una conexión con sus hijos: son una extensión de ellas mismas. 

l cuerpo se mantuvo en el Servicio Médico Forense durante todo ese tiempo. Estuvo ahí cuando ella angustiada puso la denuncia por desaparición. Estuvo ahí cuando entregó las fotografías del rostro de su hijo. Siguió ahí cuando a su madre le esculcaron la boca para sacarle muestras de ADN. Mientras el Ministerio Público le decía a una madre desesperada que su hijo quizá ya no estaba en Aguascalientes, el joven estaba en la cámara fría del forense. Allí lo tenían cuando la llevaron a buscarlo por lugares en donde nunca lo encontrarían. La Fiscalía tenía el cuerpo y en cada una de las llamadas angustiantes de Rosy, se lo negaron. 

La causa de su muerte, de acuerdo con el informe de la Fiscalía, es que lo asesinaron ocasionándole una herida en el cuello. Sobre los diez meses desde la presentación de la denuncia por desaparición y la omisión de la Fiscalía en darle aviso, las autoridades no le ofrecieron ninguna explicación. Ninguna. 

Sobre el caso, la Fiscalía también se negó a la solicitud de entrevista sin explicar el motivo. “Ya se arregló, no hay nada qué decir”, dijo Óscar Arredondo, el titular de prensa que Rosy y la abogada Gloria Soto señalaron por maltratar a la familia Valerio Esquivel.

Los últimos dos días de Rosy y su familia en Aguascalientes la Fiscalía les otorgó recursos del Fondo de Atención a Víctimas, que también se usaron para los gastos funerarios. Con ese dinero pudo sufragar algunos gastos, pero por la imposibilidad de poder facturar las casi tres semanas de hospedaje y sus primeros pasajes, ella no recibió la totalidad del dinero gastado.

La familia no pudo despedirse de Miguel como lo habrían hecho de haber sabido a tiempo lo que le sucedió. No pudieron organizarle un funeral, una despedida con sus familiares, con sus amigos queridos. 

Por Mónica Cerbón / Proyecto A dónde van los desaparecidos